Cuando la Yihad carcome las entrañas de Francia

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¿Cuántos Mickaël Harpon hay en Francia? O lo que es lo mismo, ¿cuántos policías o funcionarios que trabajan en el ministerio de Interior francés podrían estar radicalizados y pasar a la

acción tal y como hizo Harpon hace una semana matando a cuatro de sus compañeros a cuchilladas? Una pregunta que asusta y planea por los pasillos de las comisarías de toda Francia. ¿Cómo luchar contra el enemigo cuando éste forma parte del propio sistema de seguridad interior? El goteo de revelaciones que han ido marcando los días posteriores al ataque han sembrado el desconcierto y ha suscitado numerosos interrogantes sobre la eficacia del propio Estado a la hora de protegerse. Los siete minutos de horror del ataque en la jefatura policial, en el corazón de París, están dejando una cascada de graves secuelas en Francia. El propio ministro del Interior, Christophe Castaner, muy cuestionado tras el ataque por la oposición, que incluso ha llegado a pedir su dimisión, evocaba recientemente en la comisión de investigación creada en la Asamblea Nacional la existencia de al menos «40 individuos radicalizados en el seno de la Policía y que han sido objeto de seguimiento por parte de una célula específica de la inteligencia francesa». De esas decenas, la mitad ya no forman parte de los cuerpos de seguridad por el peligro que entrañaban pero, según palabras del propio ministro, «aún hay 19 o 20 que son vigilados con atención porque las señales que presentan son débiles y no constituyen ninguna anomalía penal». Por si esto fuera poco, el presidente del Centro de reflexión para la seguridad interior, Thibault de Montbrial, un abogado con extensa experiencia en la defensa de la gendarmería francesa, ha declarado que estas cifras de radicalizados dentro del seno de las Fuerzas de Seguridad «están subestimadas».

Sin ir más lejos, la semana pasada las autoridades francesas confiscaron las armas de otros dos policías sobre los que había sospechas. Dentro de esa lista negra, como ya se la conoce en Francia, de los investigados por radicalización dentro de las Fuerzas Armadas, se señalan motivos diversos que aparecen argumentados según ha revelado estos días el diario «Le Parisien». Desde agentes sospechosos por cambios en sus vestimentas, otros por sus comportamientos con las mujeres e incluso algunos por haber expuesto opiniones cercanas al proselitismo yihadista. Son todos esos argumentos que no tienen cabida en el Código Penal, pero que constituyen una turbia nebulosa dentro de un departamento tan sensible como el de seguridad. Pero el protocolo ha fallado.

El caso de Harpon, cuya trayectoria no era impoluta, muestra que ha habido fallos. En 2009 se le abrió un expediente por violencia conyugal. Hizo comentarios favorables al atentado contra el semanario satírico «Charlie Hebdo» en 2015 y frecuentaba la mezquita de La Fauconnière, cerca de su domicilio en una barrio de la periferia norte de París, lugar de culto donde predicaba un joven imán salafista marroquí muy controvertido. Esta semana han sido detenidas cinco personas, entre ellas un imán. El asesino también tuvo contacto, según revela «Le Monde», con la asociación musulmana antillana, conocida por su proselitismo salafista. Todos estos elementos pasaron desapercibidos por sus jerarquías policiales a pesar de que hubo compañeros que fueron señalando algunos de ellos. ¿Por qué cayeron en saco roto aquellas advertencias? Buscar las responsabilidades en la cadena de mando es otra de las tareas que la comisión de investigación tiene abierta. Pero además, el caso de Harpon puede tener consecuencias desastrosas para toda la seguridad interna en Francia.

Los investigadores hallaron una llave USB dentro de su cajón que no sólo contenía imágenes de propaganda del Estado Islámico con decapitaciones, sino además datos sensibles de sus compañeros. Según fuentes consultadas por el semanario «Canard Enchaîné», Harpon, que trabajaba en la Prefectura policial desde 2003, tenía acceso a casi todo: ordenadores, claves de acceso, ficheros sensibles... Varias fuentes de sindicatos policiales no sólo confirman este extremo, sino que apuntan que la situación es muy inquietante porque dentro de la información ultraconfidencial a la que él pudo tener acceso, figuraban los datos de los agentes «topo» que el Estado francés tiene en muchas mezquitas del país para vigilar brotes de radicalización. Harpon pudo acceder a esa lista de infiltrados y además, pudo llegar a transmitirla. La gravedad del asunto ha hecho temblar a todos los cuadros de la inteligencia que se encuentra en plena revisión de sus protocolos.

Sin embargo, la preocupación por la radicalización dentro de las Fuerzas de Seguridad no es algo nuevo. En junio, un informe presentado en la Asamblea Nacional ofrecía ya cifras para la preocupación. En 2016 ya trataban con medio centenar de casos de radicalización sobre un total de 130.000 gendarmes y 150.000 funcionarios policiales. El informe ya señalaba por entonces que «la vigilancia no debe dejar de ser constante porque, aunque los casos de radicalización sean raros en estos servicios, no significa que sean inexistentes».

Durante la ceremonia de homenaje a los cuatro policías asesinados en la Prefectura por Harpon, el presidente Emmanuel Macron hacía un llamamiento a extremar la vigilancia ante la «hidra islamista» en la sociedad francesa. Macron ha medido bien sus palabras a la hora de hablar de esa «vigilancia» ya que siempre existe el riesgo a fomentar la paranoia entre los ciudadanos. Una parte de la oposición, desde la derecha, critica que Macron o sea demasiado ambiguo y poco nítido a la hora de combatir con más firmeza estas actitudes. Otros, desde la izquierda, acusan a Macron de intentar establecer un estado de desconfianza entre los ciudadanos hacia «el diferente». Algunos expertos apuntan que tras los años de plomo en atentados (2015, 2016 y 2017), ha existido un cierto relajamiento.

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