Cinco años de la desaparición de los 43 normalistas en México: «El único delito fue ser estudiantes en Iguala»

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La última vez que Don Mario vio a su hijo lo regañó fuerte. Estaba muy flaco, con el pelo rapado y los ojos hundidos y se lo quiso llevar de vuelta

a casa porque le parecía que la estancia en esa escuela no le estaba haciendo bien. Llegó incluso a forcejear con él, pero el chico no quería abandonar la Normal Rural de Ayotzinapa a la que acababa de ingresar; deseaba convertirse en maestro. Esto ocurrió el 8 de septiembre de 2014, un par de semanas antes de que César Manuel González Hernández desapareciera junto a otros 42 estudiantes en Iguala, Guerrero, tras ser tiroteados por la policía la noche del 26 de septiembre. A punto de cumplirse 5 años de un suceso que horrorizó a México, Mario González y el resto de padres no puede ocultar la rabia de no haber encontrado a sus hijos.

Don Mario, de 54 años estuvo siempre en contra de que César ingresara a la Normal Isidro Burgos, según cuenta a LA RAZÓN. No quería que se fuera de su lado, del de su madre y sus dos hermanas, que vivían en el estado de Tlaxcala, lejos de la sierra de Guerrero donde se ubica la escuela. «Cuando me pidió que lo llevara a (Ciudad de) México para ir a Guerrero yo le dije que no, que no podía y fue su mamá quien lo llevó», recuerda con voz entrecortada este hombre recio de mirada directa. Prefería que César continuase los estudios de Derecho que había empezado en la Universidad de Puebla. Ya llevaba dos semestres y estaba más cerca del hogar, pero no era lo suyo.

Esa noche también desapareció Benjamín Ascencio Bautista, hijo de Cristina Bautista. Aunque a ella no le gusta que le pregunten cómo está o cómo se siente, se confiesa desesperada por estos cinco años de angustia. «Es el amor que le tengo lo que hace que no me rinda y siga buscándolo», dice en conversación con este periódico. Su gesto es muy serio, de una pena profunda, la mirada siempre al frente y las manos entrelazadas. Luce unos pendientes con el número 43 y solamente sonríe cuando descuelga el teléfono y otra de sus hijas le anuncia que acaba de llegar a Ciudad de México para visitarla, donde los padres de los normalistas están en los días previos al quinto aniversario para asistir a varios actos.

Tras desaparecer Benjamín, Cristina dejó la comunidad de Guerrero donde sembraba maíz y frijoles y se instaló en la Normal de Ayotzinapa para dedicarse en exclusiva a buscarlo. Más que dejar su pueblo le pesa no poder atender debidamente a sus otras hijas por buscar sin descanso al joven, un chico «muy amable y muy respetuosos que tiene el sueño de ser alguien en la vida y cuyo único delito es ser estudiante».

Lo mismo le pasó a Don Mario. Dejó su casa en Tlaxcala, su trabajo como soldador en un taller de maquinaria agrícola y su ocupación ahora es buscar a César, algo que los padres pueden hacer gracias al apoyo de varias organizaciones. «Rabia e impotencia tenemos muchísima, el dolor es diario porque son cinco años sin ver a los chamacos», reconoce el hombre, que se consuela con la idea de que César había encontrado su verdadera vocación en la enseñanza. Fue unos años antes, cuando se presentó voluntario para ser maestro en prácticas en una comunidad apartada de su Estado. Era el requisito para conseguir una beca y poder seguir después con sus estudios, pero en la sierra de Tlaxcala César supo lo que quería ser en la vida. Ahí vivía con lo mínimo, dormía en un petate con una manta y una vela y ganaba lo mínimo, unos 3 euros diarios. Algo cambió en el chico en esa época. «Cuando lo fuimos a visitar tenía un montón de libretas en su escritorio a las que había quitado el resorte», recuerda su padre. «Estaba quitando hojas para hacer otras nuevas cosidas con un estambre porque decía que no todos los niños tenían una».

El siguiente paso en esa carrera que se empezaba a forjar pasaba por Ayotzinapa. Las escuelas Normales Rurales forman maestros que luego dan clase en zonas apartadas, hay 15 en todo el país y la opción más cercana y asequible para su familia era la Isidro Burgos. Allí sus compañeros le apodaron el «tlaxcalita».

La educación que reciben los normalistas tiene una carga política importante y la tarde del 26 de septiembre de 2014 Benjamín y César se subieron a un autobús de la escuela junto a decenas de compañeros, la mayoría de primer año como ellos que llevaban pocas semanas en Ayotzinapa. Se dirigieron a Iguala, a dos horas por carretera, para tomar varios autobuses que utilizarían para asistir a la Ciudad de México el 2 de octubre, a la marcha por el aniversario de la matanza de estudiantes en la plaza de Tlatelolco en 1968. Un hito del movimiento estudantil al que los normalistas de Ayotzinapa acudían cada año con este método. Retenían el autobús, lo usaban para viajar a la capital y después lo devolvían a la compañía. Pero ese día todo fue distinto. Cuando ya se habían hecho con los autobuses y tomaban el camino de vuelta a la escuela los interceptaron patrullas de varias fuerzas policiales que comenzaron a disparar contra los vehículos. Cinco estudiantes fallecieron, una veintena resultaron heridos y 43 desaparecieron. El último lugar donde se les vio fue en la parte trasera de los coches policiales y cinco años después no se sabe donde están ni qué pasó con ellos.

El caso de los 43 se derrumba en los tribunales

En vísperas de que se cumplan cinco años de la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala, Guerrero, la causa judicial que investiga qué pasó realmente con los normalistas y quienes son los culpables corre serio riesgo de venirse abajo. El horizonte es muy negro y hasta el momento han sido liberados 77 de los 142 detenidos por su implicación en la desaparición. En las últimas semanas los jueces otorgaron la libertad a figuras clave. La principal, Gildardo López Astudillo alias «El Gil», presunto líder del grupo criminal Guerreros Unidos en Iguala y señalado por la Fiscalía como uno de los principales responsables de la desaparición de los 43. El pasado fin de semana 24 policías de Iguala también fueron puestos en libertad.

El caso se viene abajo porque la mayoría de las pruebas presentadas en la investigación de la antigua Procuraduría General de la República (PGR) del expresidente Enrique Peña Nieto se obtuvieron bajo tortura, por detenciones arbitrarias y sin respeto a los debidos procesos. Tanto el Gobierno anterior como la PGR presentaron una versión de los hechos conocida como «verdad histórica» que pretendía dar carpetazo al caso. Decía que los estudiantes habían sido entregados a un grupo criminal por policías en Iguala e incinerados en el basurero del municipio aledaño de Cocula, pero investigaciones paralelas de expertos con aval internacional desmintieron rotundamente la versión oficial.Por el momento van 77 liberados pero pueden ser más. Según en Centro Prodh, que acompaña a las familias en la vertiente judicial, se han documentado violaciones de derechos humanos y de debido proceso contra 83 personas, entre ellos 42 policías de Iguala, 25 policías del municipio vecino de Cocula y 15 civiles vinculados con Guerreros Unidos. Los señalamientos también alcanzan a la actual Fiscalía General por no haber presentado nuevas pruebas que reactivasen la investigación e impidiesen la puesta en libertad de los acusados. La nueva investigación empezará de cero.

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