El «nido de espionaje» de Julian Assange en la Embajada de Ecuador

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El destino de Julian Assange, fundador de WikiLeaks, tomó otro rumbo desde que Lenín Moreno se convirtiera en 2017 en el nuevo presidente de Ecuador. A pesar de estar apadrinado por

Rafael Correa, el actual mandatario no tardó en distanciarse de las políticas de su antecesor y nunca estuvo especialmente cómodo con la situación del «inquilino», a la que llegó a denominar una «piedra en el zapato». Desde que el activista fuera detenido el pasado jueves en la Embajada de Ecuador en Londres, donde llevaba recluido desde 2012, el mandatario ha recibido infinidad de críticas, entre ellas, las del propio Correa, que le acusa de «traidor». Pero el presidente ecuatoriano asegura que no le quedó más remedio que entregar al hacker a las autoridades británicas, ya que intentó usar la legación «como centro de espionaje» y además violó «constantemente las condiciones» de su asilo político.

En una entrevista con «The Guardian», defiende su decisión al resaltar que ésta no fue «arbitraria», sino «basada en la legislación internacional». El rotativo recuerda que WikiLeaks fue vinculado a una web anónima que divulgó que el hermano del dirigente ecuatoriano había creado una compañía «offshore», además de publicar fotografías privadas del presidente ecuatoriano y su familia. Moreno, que ha negado haber actuado como represalia, consideró que el australiano empleó la embajada para interferir en las democracias de otros países, como las últimas elecciones estadounidenses o la crisis política en Cataluña, donde se posicionó a favor de los independentistas durante el referéndum ilegal. Moreno señala que Assange incluso «desarrolló una campaña agresiva contra Ecuador y comenzó a realizar amenazas legales incluso contra los que intentaban ayudarle». Asimismo, criticó el trato proporcionado por el australiano hacia el personal diplomático, a los que asegura «maltrató». También reveló que el activista mantenía un «comportamiento higiénico inadecuado». El Gobierno de Ecuador divulgó ayer tres cartas en las que las autoridades británicas se comprometen a no extraditar ahora al fundador de Wikileaks a un país donde pueda ser condenado a pena de muerte, aunque en dichas misivas se añade como matiz que dicho traslado sí se podrá autorizar si el Estado garantiza que no se aplicará dicha pena.

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