Los consellers acuerdan por unanimidad obviar por el momento el requerimiento de la Junta Electoral Central.Por Álex Tort



El Govern mantiene el pulso y ha decidido mantener los lazos amarillos. Así se ha acordado en el Consell Executiu que se ha celebrado esta mañana. No obstante, a su vez el presidente de la Generalitat pedirá un informe a Rafael Ribó, Síndic de Greuges -defensor del pueblo en Catalunya-, y seguirá sus recomendaciones.

“El presidente, esté o no de acuerdo, seguirá las recomendaciones que le dé el Síndic”, ha aseverado la consellera de la Presidència, Elsa Artadi. “De momento todas las conselleries mantendrán los lazos”, ha subrayado. Asimismo, a altos cargos y funcionarios se les ha dado plena libertad para hacer lo que consideren, mientras que Torra ha dejado en manos de los consellers su decisión y estos, por unanimidad, han acordado dejar los lazos en las 13 sedes de las conselleries a la espera del informe.


“El presidente, esté o no de acuerdo, seguirá las recomendaciones que le dé el Síndic”

Además de la consulta al Síndic, el Govern también ha encargado a su gabinete jurídico un documento dirigido a la Junta Electoral Central para expresar su protesta. En rueda de prensa, Artadi, ha asegurado que Torra ha decidido mantener la pancarta que cuelga del balcón del Palau de la Generalitat y que entiende que eso es preservar la libertad de expresión.

“A la misma Junta Electoral que dice que no hay presos políticos, en cambio le molesta cuando nos expresamos sobre los presos políticos (...) o la misma que para las elecciones del 21 de diciembre de 2017 quería eliminar pancartas con la palabra democracia”, ha criticado la consellera.

Torra no está de acuerdo con la instancia que ha recibido y en paralelo está trabajando con el Síndic para estudiar si hay que actuar. La decisión del Govern se da tras el ultimátum de la Junta Electoral Central, que advirtió a Torra de posibles responsabilidades penales si no retira los lazos de los edificios públicos en Catalunya.

El escrito firmado por el president y dirigido a la JEC reclama a la autoridad electoral la “supresión” del plazo concedido y que expiraba este martes

El escrito firmado por el president y dirigido a la JEC reclama a la autoridad electoral la “supresión” del plazo concedido y que expiraba este martes por cuanto el jefe del Ejecutivo catalán considera que hay “extremos solicitados” que deben aclararse y que han motivado la consulta a la Sindicatura. En la carta remitida por Torra, este pide aclarar en primer lugar el motivo por el que primero la JEC señala en su primer acuerdo la necesidad de retirar “las banderas estelades o los lazos amarillos”, mientras que en la orden posterior en la que fijaba un plazo de 24 horas establecía la necesidad de retirar estelades “y” lazos. En este sentido, el president considera que el significado sufre “una alteración que consideramos necesario que la JEC aclare”.


¿Apruebas la retirada de lazos amarillos del espacio público?

88.41% (5371)
No

11.59% (704)

Además, Torra vuelve a insistir en la dificultad de cumplir la orden de retirada por la idiosincrasia de los edificios públicos donde figuran actualmente estos símbolos. Como prueba de ello, el jefe del Govern adjunta la lista de los bienes inmuebles afectados para demostrar que “la tipología de su gestión es muy variada” y que, aunque si bien algunos están gestionados por empresas públicas y entes instrumentales, otras son gestionados por empresas privadas prestadoras de servicios públicos. Además, son “centros de autonomía funcional”, advierte.

El president ha pedido la “opinión y el esclarecimiento” al Síndic de Greuges sobre los “aspectos que consideramos controvertidos” y que en la actualidad están a la espera de estas aclaraciones

Por último, el president informa de que ha pedido la “opinión y el esclarecimiento” al Síndic de Greuges sobre los “aspectos que consideramos controvertidos” y que en la actualidad están a la espera de estas aclaraciones.


En caso de que el president no acate la resolución, el organismo podría poner el caso en manos de la Fiscalía para que investigue si incurre en posible delito de desobediencia. Además, la Junta podría imponer una multa a Torra de entre 300 y 3.000 euros. El mandato de la Junta expira antes de las 15 h de hoy, por lo que a esa hora se evidenciará la decisión tomada en cada una de les conselleries de la Generalitat.

Moncloa reafirma que la instrucción que tiene Cunillera “es estrictamente esa”: informar a la JEC, “y así lo hará con un escrito y una serie de fotografías de los edificios públicos más representativos dependientes de la Generalitat”

Es la delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera, la que deberá informar a la Junta sobre si se cumple lo estipulado. Está por ver qué medidas tomarán los diferentes consellers en sus sedes, si bien fuentes del Govern remarcan que la opción de retirar los lazos trasciende el hecho de formar parte de Junts per Catalunya y ERC.

Tras escuchar las explicaciones de Artadi, desde Moncloa han reafirmado que la instrucción que tiene Cunillera “es estrictamente esa”: informar a la JEC, “y así lo hará con un escrito y una serie de fotografías de los edificios públicos más representativos dependientes de la Generalitat”, han aclarado. A partir de entonces todo quedará en manos de la JEC, que es la “exclusivamente competente para dar los siguientes pasos”, tanto si decidiera remitir los hechos a la Fiscalía, como si ordenase al cuerpo de seguridad competente, los Mossos, el cumplimiento de su instrucción de retirar los lazos.

fuente lavanguardia

Los populares asumen que pueden perder el control de la Cámara que aprueba el 155. Por Mriano Calleja



La fragmentación del centro derecha será mucho más letal para el PP y Ciudadanos en el Senado que en el Congreso, por el sistema mayoritario que rige en las elecciones a la Cámara Alta, que bonifica de manera clara al partido más votado. El PP no aparece como ganador en ninguna de las encuestas que se están publicando, y desde un segundo puesto tendría imposible revalidar su mayoría en el Senado. La única solución será evitar la división del voto de centro derecha, y presentarse junto a Ciudadanos en listas conjuntas. En un estudio específico sobre los escaños de la Cámara Alta que circula estos días por los despachos de Génova se observa cómo la unión del PP y Ciudadanos les daría hasta 123 escaños, de los 208 que se eligen en las urnas el 28 de abril. Pero los dos partidos en candidaturas separadas solo sumarían 82, aunque tuvieran los mismos votos.

A lo largo de la democracia, el Senado siempre se consideró una especie de «cementerio de elefantes», perfectamente prescindible en el sistema político español. Pero la Constitución le tenía reservado un protagonismo fundamental:el artículo 155.

De pronto, tener mayoría en la Cámara Alta cobró la máxima importancia esta última legislatura, cuando el Gobierno de Rajoy impulsó las medidas excepcionales para Cataluña, al amparo del artículo 155 de la Constitución, que luego debió aprobar la Cámara Alta, como dispone la Carta Magna.

Ahora, una de las promesas principales de Pablo Casado ante las elecciones generales del 28 de abril es la aprobación de un nuevo 155, más duro y extenso que el que puso en marcha Rajoy. Y Casado se ha comprometido a impulsarlo en el primer Consejo de Ministros que presida. El problema lo tendría si el PP no mantiene la mayoría en el Senado, ya que el PSOE de Pedro Sánchez se ha mostrado totalmente en contra de volver a aplicar esas medidas en Cataluña y ha optado por una política de distensión y apaciguamiento, como se vio en los últimos meses. Por mucho que el Gobierno tenga la iniciativa del 155, si el Senado vota «no», el debate se acaba.


El «no» de Rivera
Con la convocatoria de elecciones generales, en la dirección nacional del PP se vio rápidamente el riesgo de perder la mayoría en el Senado, aunque pudieran aliarse con Ciudadanos y Vox en el Congreso para formar Gobierno. Si el PSOE es el partido más votado, el Senado estará en sus manos. Los populares plantearon a Ciudadanos la posibilidad de formar listas conjuntas para la Cámara Alta, y unificar así el voto, lo que les daría la mayoría. Pero la respuesta de Rivera fue un «no». Solo aceptaron ir junto al PP y UPN, en una candidatura unificada de centro derecha, en Navarra.

Según el estudio sobre el impacto de unas listas conjuntas para el Senado, elaborado con la media de los resultados de las encuestas en febrero, si se produjera esa hipotética alianza de los partidos de Casado y Rivera podrían alcanzar los 123 escaños, mientras que el PSOE se quedaría con 58. Ni siquiera necesitarían unirse a Vox. En porcentaje de voto, PP y Ciudadanos sumarían un 39,5 por ciento de votos, frente al 24 por ciento del PSOE.

Pero ese escenario de listas conjuntas se ha quedado en una mera hipótesis, y los populares se temen ya el impacto negativo de la fragmentación del voto en el centro derecha. Con los mismos votos, pero repartidos entre tres, el PSOE (24 por ciento) sería ahora la candidatura más respaldada, con 98 senadores electos. Por detrás se situaría el PP(20,7 por ciento), con 72 escaños, mientras que Ciudadanos (18,8 por ciento) se quedaría con 10. El PP y Ciudadanos, por separado, solo sumarían 82 senadores.

fuente abc

Relata que la concentración frente a Unipost retrasó unas dos horas la diligencia judicial, a la que el secretario acudió encapuchado



El comandante de la Guardia Civil que fue responsable del operativo frente al 1-O en 19 localidades rurales de Cataluña ha relatado este martes durante su comparecencia en el juicio por el 'procés' independentista en el Tribunal Supremo las diferentes agresiones que sufrieron los agentes a su cargo en lo centros de votación durante aquella jornada, que iban desde mordiscos a lanzamiento de botellas, sillas e incluso bolas de acero y un intento de atropello con moto.


También ha aludido al uso de "productos deslizantes" al paso de los agentes que acudieron a un centro, el de Sant Esteve Sesrovires, lo que parece conectar con la declaración en una sesión anterior del exdelegado del Gobierno, Enric Millo, que habló de que algunos agentes cayeron en la "trampa del Fairy" consistente en la utilización de este detergente para que acabaran en el suelo, donde recibían patadas en la cabeza.

Este testigo también ha hablado de patadas en la cabeza a los agentes bajo su mando, un total de dos en los centros que le fueron asignados cuyos responsables fueron arrestados.


"Éramos increpados, insultados y golpeados, y se denotaba organización con ánimo de obstaculizar el cumplimiento del auto judicial por parte la Guardia Civil ", ha resumido, para aludir también que en algunos de los pueblos a los que acudieron, como Villalba de Sasserra, constataron la presencia de gente colocada en lugares estratégicos y que cuando llegaba el convoy utilizaba el teléfono para advertir de la llegada de los agentes comandados para retirar las urnas.

En algunos centros se colocaron "barricadas de alpacas de paja" y se intentó ocultar las urnas, como en Fonollosa, mientras que en otra localidad se produjo el intento de atropello con moto a los guardias civiles por parte de un individuo que cuando fue detenido trató de sustraer el arma a un agente.

Entre los materiales con los que los concentrados frente los centros hicieron frente al operativo policial este testigo -que ha declarado sin que su imagen pudiera ser vista en televisión- ha aludido a sillas metálicas, de madera e incluso bolas de acero. En otro de los casos uno de sus hombres resultó herido en la mano por un mordisco, y todo acompañado de insultos como "fascistas" o "hijos de puta".


PRESENCIA MÍNIMA Y PASIVIDAD DE LOS MOSSOS
Solo en algunos de los centros la actuación de los agentes fue mínima, precisamente los mismos en los que había presencia de mossos d'Esquadra a la que en todo caso se ha referido como "mínima y pasiva", aunque en casos puntuales facilitaron la labor de los agentes del instituto armado hablando con los vecinos allí concentrados.

"Un mosso llegó ha manifestar que no reconocían a la Guardia Civil ni al Tribunal Superior de Justicia, y que sólo reconocían a Trapero", ha añadido, mencionando al mayor de los Mossos. Más tarde, a preguntas del abogado de Vox Pedro Fernández, el agente ha reconocido que en en algún punto sí vio menores en las ventanas de un centro y ancianos a las puertas.

Por otro lado, el abogado Jordi Pina, que defiende al expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez y los exconsejeros Jordi Turull y Josep Rull, le ha preguntado sobre si algún subordinado le informó de "cargas policiales" en alguno de los colegios electorales. El testigo ha contestado que él como policía judicial no sabe qué se "denomina" como tal.

Ante la insistencia del letrado en saber si algún agente le hizo alguna referencia sobre la necesidad de hacer uso de armas reglamentarias para disolver a las personas que les impedían entrar en los centros de votación, el guardia civil ha concretado que nadie le habló de esas "cargas policiales", sino de un "pasillo de seguridad, removiendo gente para acceder al punto de votación".

Posteriormente, a preguntas de la defensa de Jordi Cuixart, ejercida por la abogada Marina Roig, ha destacado que la actuación de los agentes del Instituto Armado fue "proporcionada y con el uso de la fuerza mínima e imprescindible".

REGISTRO EN UNIPOST

Este testigo también ha sido interrogado por el fiscal Fidel Cadena sobre su labor como responsable del operativo que el 19 de septiembre se incautó de 15.000 cartas certificadas dirigidas a futuros miembros de mesa para el referéndum del 1 de octubre en la sede de Unipost Terrassa. Ha relatado que fueron avisados la madrugada anterior y a primera hora de ese día se personaron en la empresa, donde pudieron ver unos palés que contenían sobres blancos con el logotipo de la Generalitat.

El agente fue el encargado de personarse en el Juzgado de Instrucción número 3 de Terrasa y solicitar permiso a la juez para poder abrir uno de los sobres, diligencia que le permitió comprobar que lo que contenían era material relacionado con el referéndum.

A continuación ha relatado como la concentración de personas que se venían acumulando desde primeras horas de la mañana a las puertas de la empresa retrasaron al menos dos horas la práctica de la diligencia, a la que el secretario judicial acudió con un pasamontañas para no ser reconocido. Durante el tiempo en que tanto él como el funcionario permanecieron en una esquina de la nave esperando entrar este último fue tildado de traidor por los concentrados, a los que se ha referido como "personas sobreexcitadas".

fuente europapress

Las mudanzas generan tensiones familiares, también divorcios. Más todavía si los integrantes de la tribu en cuestión son diplomáticos y la casa, en realidad, es un palacio. Desde hace meses, el

No está al día con la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, de la que solo están exentos los miembros de las misiones diplomáticas y consulares presentes en el país. Por David Alandete



En los últimos meses, el gobierno catalán ha redoblado sus esfuerzos para intentar por todos los medios sumar apoyos internacionales a un proceso negociador que desemboque en una declaración de independencia. La diplomacia paralela catalana, que fue brevemente desmantelada por la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, está hoy más activa que nunca en Estados Unidos, un país que la Generalitat considera objetivo prioritario para internacionalizar la causa independentista. Sin embargo, el complejo entramado de delegaciones y organizaciones no gubernamentales que defienden el independentismo en sintonía con el gobierno autonómico catalán no está al día con la Ley de Registro de Agentes Extranjeros norteamericana.

Esta ley está en vigor desde 1938 y obliga a registrarse como agente extranjero a toda persona que actúe «como representante, empleado, servidor o en cualquier otra capacidad bajo la orden, solicitud, dirección o control de un funcionario extranjero o cuyas actividades sean supervisadas, dirigidas, controladas, financiadas o patrocinadas directa o indirectamente, en parte o íntegramente por un funcionario extranjero». Solamente quedan exentos de ese registro los miembros de las misiones diplomáticas y consulares presentes en EE.UU.

Según consta en los archivos del departamento de Justicia norteamericano, la delegación catalana en EE.UU. se inauguró en 2008, con Andrew Davis como representante elegido por un decreto firmado por José Montilla. Operó seis años sin estar registrada como agente extranjero, algo que finalmente hizo en mayo de 2014. En los documentos presentados por Davis al gobierno de EE.UU. queda reflejado un gasto que supera el millón de euros anual y una intensa labor de lobby: en los días anteriores y posteriores al referéndum de independencia de octubre de 2017 Davis y su subalterno, el periodista Xavier Vila, mantuvieron una frenética serie de reuniones con 25 representantes de diputados y senadores en el Capitolio para recabar apoyos a la independencia.


El miércoles, el departamento de Estado norteamericano publicó su informe anual sobre los derechos humanos en el mundo y en este negó que en España existan presos políticos o se vulneren los derechos humanos. «El Gobierno por regla general respeta la independencia y la imparcialidad de la justicia», dijo.

Clausurada tras el 155
La «embajada» catalana en EE.UU. reabrió en octubre de 2018, después de 10 meses cerrada por la aplicación del 155. La nueva «embajadora», elegida por concurso público, es la investigadora de Harvard Victòria Alsina, que se ha negado repetidamente a hablar con este diario. Su salario base es de 82.209 euros, más una serie de complementos añadidos por residir en el extranjero. Según confirmó el jueves a este diario Marc Raimondi, portavoz del departamento de Justicia norteamericano para asuntos relacionados con la seguridad nacional, a finales de 2017 la delegación catalana dejó de estar registrada. En la base de datos de agentes extranjeros no figura ninguna alta en semanas o meses recientes.

Preguntado por este diario, un portavoz del departamento de Acción Exterior de la Generalitat de Cataluña dijo que «el registro se volvió a hacer, está todo presentado». Esas fuentes añaden que «el registro sólo es para informar de reuniones que se tienen con el gobierno de EE.UU.». Es posible, por lo tanto, que la «embajada» haya iniciado los trámites para darse de alta recientemente, pero su registro no estaba aparentemente vigente cuando la «embajadora» Alsina acompañó hace dos meses al presidente catalán Quim Torra al Capitolio a pedir mediación internacional con España a un grupo de diputados demócratas y republicanos.

En su paso por Washington, Torra se vio con los republicanos Paul Cook y Mario Díaz Balart, además de con los demócratas Jon Garamendi y John Lewis. En al menos una de las reuniones, el presidente autonómico catalán dijo que el Gobierno español de Pedro Sánchez había dado indicaciones de que aceptaría la figura de un mediador internacional, según dijo a ABC el asistente de uno de los políticos con los que se vio Torra. Dos semanas después la vicepresidenta Carmen Calvo anunció que esa mediación correría a cargo de «un relator», algo a lo que finalmente renunció el ejecutivo.

Catalonia America Council
La aplicación del 155 llevó a los dos delegados despedidos, Davis y Vila, a fundar una organización sin ánimo de lucro que lleva el nombre de Catalonia America Council. En 2018 se registró en el fisco norteamericano como una organización exenta de impuestos bajo el epígrafe 501(c)(3) que según la ley se reserva para organizaciones de servicio público a través de actividades sociales, educativas, religiosas.

Los diversos expertos en la ley de agentes extranjeros consultados por este diario no llegaron a un consenso definitivo sobre si una organización como el Catalonia America Council debería registrarse como agente extranjero. El abogado Josh Rosenstein, de la firma Sandler Reiff, asegura que «la exención de impuestos de una organización sin ánimo de lucro no le impide tener que registrarse como agente extranjero si cumple los requisitos para ello». «La pregunta a responder es si esa organización trabaja para un gobierno extranjero o se coordina activamente con él. Si lo hace, debería registrarse», asegura Rosenstein.

Davis ha rechazado también responder a las preguntas de este diario, pero hay algo innegable: la apertura del Catalonia America Council la hizo Torra en persona, desplazado a Washington en junio de 2018. En su discurso inaugural, el presidente autonómico catalán declaró que el Catalonia America Council sería «un agente clave para reforzar el nexo entre Cataluña y EE.UU.».

Las campañas que defiende esa supuesta organización benéfica no es que sean parecidas a las de la Generalitat, es que son idénticas. En sus comunicados denuncia que en España existen presos políticos, que no hay presunción de inocencia y que se violan los derechos humanos.

Organización caritativa
Según explica a ABC Craig Holman, experto en la Ley de Registro de Agentes Extranjeros y veterano lobista en la organización Public Citizen, «la principal razón para que cualquier representante de un Gobierno extranjero quede exento de registrarse ante el Gobierno de EE.UU. es que sea parte del cuerpo diplomático o consular».

No es desde luego el caso del Catalonia America Council, que es una organización supuestamente caritativa. Pero esa razón tampoco debería ser válida para la delegación catalana, aunque sus empleados cobren del erario público o sean funcionarios. El departamento de Estado confirma que no ha aceptado ninguna presencia diplomática o consular de Cataluña porque, como el resto de la comunidad internacional, no reconoce la independencia catalana. Sin embargo, según una publicación de junio de 2018 en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña, esa delegación reabierta en Washington tiene como objetivo «facilitar las relaciones bilaterales con las autoridades de Canadá y EE.UU.».

Preguntadas por este diario, fuentes de la embajada española en EE.UU. aseguran que siguen «de cerca las actividades de los representantes de la Comunidad Autónoma, y prestarán especial atención a que dichas actividades se enmarquen en sus competencias constitucionales y legalmente establecidas. Esa vigilancia se extenderá a cualquier actividad o declaración cuyo objeto sea poner en duda el carácter democrático de España».

fuente abc.es