La Fiscalía pide imputar a Chaves y Zarrías por otra de las piezas del “Caso ERE”

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Apenas doce días después de que fuesen condenados en la conocida como “`pieza politica” de los ERE, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la imputación del ex presidente de la Junta

de Andalucia Manuel Chaves y de los ex consejeros Gaspar Zarrías, Antonio Fernández, José Antonio Viera y el de Innovación Francisco Vallejo y Guillermo Gutiérrez por la concesión de un préstamo de 5,8 millones concedido en 1999 a una conocida empresa cárnica de Jaén. Todos ellos, excepto Gutierrez, fueron igualmente condenados en la sentencia del «caso ERE».
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Anticorrupción pide igualmente la imputación del ex director de Trabajo Javier Guerrero, el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, el ex presidente del IFA Salvador Durbán y el ex director de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar. El Ministerio Público entiende que estos hechos pueden ser constitutivos de los delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

El Ministerio Público considera que de esa cantidad no fueron devueltos a la Junta de Andalucía 3,7 millones de euros, lo que sería la base del delito de malversación. Esas ayudas, otorgadas como “crédito puente” fueron declaradas nulas posteriormente por la Comisión Europea, por lo que el Gobierno las recuperó, pero, al ser entonces inviable la empresa la Junta le concedió esa cantidad bajo la modalidad de «crédito puente».

Precisamente, sobre ese préstamo la Fiscalía señala en su escrito que «nunca tuvo voluntad de ser cobrado -por la Junta- y que, en al menos en febrero de 2005 «no había sido amortizado, desconociéndose su situación actual y por tanto si se hicieron efectivas las previsiones fijadas en las cláusulas de la escritura pública de otorgamiento del mismo».

Al no haberse amortizado el préstamo en 2005 y teniendo en cuenta el plazo para su pago finalizado el plazo de carencia iba de 2002 a 2008, la posible malversación se consumaría cuando el importe del préstamo «deje de ser considerado un activo» para la empresa y pasa a ser una pérdida. Este dato es más que relevante para determinar la posible prescripción del delito, ya que al poder constituir los hechos los delitos de prevaricación en concurso con otro de malversación, el plazo sería de 15 años, es decir, 2020.

 
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