La Fiscalía no tiene dudas: el “procés” contemplaba la “violencia necesaria para doblegar al Estado”

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“Una mera lectura de los hechos imputados pone de relieve la extraordinaria gravedad de lo sucedido. Una actuación coordinada de diversos responsables públicos en distintos ámbitos políticos y sociales que, mediante

una estructura normativa paralela, tenía como objetivo último la declaración de independencia y la segregación de una parte del territorio nacional, al margen de toda legalidad. Ese proyecto contemplaba la utilización de todos los medios precisos para alcanzar el fin pretendido, incluyendo la violencia necesaria para doblegar al Estado mediante la promoción de la actuación tumultuaria de la movilización ciudadana y el uso de su propio cuerpo policial armado, los Mossos d´Esquadra». Este es el resumen y la conclusión que realiza la Fiscalía General del Estado sobre el juicio seguido en el Tribunal Supremo contra el “procés” y que se recoge en la Memoria Anual de esta institución, difundida este lunes con motivo de la apertura del Año Judicial. La Fiscalía acusó de rebelión a los principales encausados en este procedimiento.
 

Junto a ello, la Fiscalía reconoce la colaboración europea en la mayoría de las causas judiciales, pero en este caso, “la sensación ha sido agridulce porque la sintonía mostrada con las Fiscalías de otros países miembros de la UE no se ha visto reflejada en las decisiones adoptadas por determinados órganos judiciales», en clara referencia a decisiones de tribunales alemanes o belgas que se negaron a entregar a procesados que se encontraban huídos en esta causa, como Carles Puigdemont. En este punto, añade la Fiscalía, “connviene reafirmar que la normativa sobre cooperación internacional descansa en el principio de confianza mutua. Y que esta confianza puede quebrarse cuando no se respetan los respectivos ámbitos competenciales, realizando tareas de valoración sobre el grado o intensidad de algunos elementos del tipo penal que, a nuestro juicio, exceden abiertamente de la tarea de control del cumplimiento de las formalidades necesarias para ejecutar las decisiones remitidas por las autoridades judiciales o fiscales de los países implicados».

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