El Gobierno acuerda la exhumación de Franco a pesar de las dificultades judiciales

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El Gobierno sigue adelante con la exhumación de Francisco Franco a pesar de las dificultades y recursos judiciales que ha interpuesto la familia del dictador para tratar de impedir que

saquen sus restos del Valle de los Caídos, según aseguran a EL PAÍS fuentes del Gobierno. La decisión puede quedar en el aire porque depende de que el Supremo decida adoptar la suspensión cautelar que ha pedido la familia y paralice cualquier avance, lo que haría ya imposible hacer ningún movimiento. La vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo ha anunciado en la conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros de este viernes que han decidido realizar la exhumación el 10 de junio y que los restos serán traslados al panteón de Mingorrubio en el cementerio de El Pardo, que es de titularidad estatal.

La vicepresidenta ha subrayado, ya en el turno de preguntas, que la fecha decidida se encuentra "fuera del periodo electoral" y que, el Gobierno que tenga España en esa fecha tendrá que ejecutar esa decisión.

Hace poco más de un mes, el Gobierno dio un plazo de 15 días a la familia para que señalara el lugar donde desea que sea inhumado, advirtiéndole que no podía ser, como llegaron a pedir, en la catedral de La Almudena y con honores militares. El Ejecutivo siempre ha defendido que su propósito es dar "todas" las garantías a las partes, respetando los plazos administrativos y judiciales, y se ha esforzado en recordar que la exhumación fue "acordada por mayoría en el Congreso" y emprendida en cumplimiento de la ley de memoria histórica. Los Franco no aceptaron ese plazo y aseguraron que solo se plantearían estudiar otra ubicación si el Supremo no acepta su recurso sobre la decisión del Gobierno en el que piden que se adopten medidas cautelares. El Ejecutivo está pendiente de la decisión del alto tribunal.

El Gobierno quiere evitar que la nueva tumba del dictador se convierta en un lugar de “exaltación” del franquismo. El informe de la Abogacía del Estado establece que la familia no puede oponerse, porque se trata de una “tumba pública” y que la autorización de la Iglesia se circunscribe a la inviolabilidad de un templo, es decir, el acceso a la basílica, algo que, en cualquier caso, no pueden negarles, afirman, al tratarse de cumplir con una resolución legal.

Un juzgado de Madrid ha suspendido cautelarmente el 27 de febrero la licencia urbanística para la exhumación, por considerar que levantar la losa de granito de 2.000 kilos de la tumba podía poner en peligro a los operarios. Los juzgados contenciosos administrativos “no son competentes para resolver sobre los acuerdos del Consejo de Ministros”, han recordado desde el Gobierno, pero sí pueden retrasarlos, y en cualquier caso, queda pendiente lo que diga el Tribunal Supremo, que se reservó la última palabra tras pedir los Franco que paralizara cautelarmente el proceso.

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