Ex altos cargos afectados por el espionaje de Villarejo se plantean una querella colectiva

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Varios de los afectados por las escuchas masivas que supuestamente hizo el comisario José Villarejo durante el intento de la empresa Sacyr de tomar el control del BBVA en 2004 están

estudiando presentar una querella colectiva. La demanda estaría dirigida contra el comisario y su empresa, Grupo Cenyt, así como contra la entidad financiera, que supuestamente le contrató para hacer el espionaje. El comisario controló miles de llamadas de altos cargos del Gobierno y de la Administración, de empresarios y de periodistas y habría pasado el contenido de las mismas a directivos del BBVA, según informa El Confidencial.

Entre los afectados figuran la exvicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega; el exministro Miguel Sebastián (en el momento de las escuchas jefe de la Oficina Económica del presidente del Gobierno); el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en aquellas fechas, Manuel Conthe, así como el vicepresidente, Carlos Arenillas; el ex director general del BBVA y expresidente de Intermoney, José Pérez, y los empresarios Luis del Rivero y Juan Abelló, entonces presidente y vicepresidente de Sacyr.

Las últimas informaciones del diario digital recogen una supuesta conversación entre Miguel Sebastián y el jefe de gabinete del Banco Santander, Ignacio Rupérez, que fue grabada a través de un teléfono fijo del Ministerio de Presidencia. En dicha conversación, los interlocutores intercambian impresiones sobre la evolución del intento de Sacyr de controlar el BBVA. En un momento determinado también interviene Fernández de la Vega, ante la que el representante del Santander muestra la preocupación de Emilio Botín por el juicio oral en el caso de las cesiones de crédito y la vicepresidenta le tranquiliza, según la transcripción ofrecida por el diario.

Según fuentes consultadas, el alto número de personas que supuestamente fueron objeto de espionaje y que tuvieron sus teléfonos pinchados por la empresa del comisario Villarejo, que se encuentra en prisión por la Operación Tándem de sus negocios de informes confidenciales, hace viable la presentación de la demanda colectiva, al margen de las que se quieran presentar individualmente. A juicio de estas fuentes, "sería lo más razonable encargarlo a un despacho de abogados especializado que aglutinara todos los casos en uno".

Asimismo, las fuentes sostienen que debería actuar la Fiscalía para investigar, entre otras cosas, cuánto tiempo duraron los supuestos pinchazos y si se extendieron más allá de los meses que duró el asedio de Sacyr al BBVA. De ser así, el delito sería todavía más grave, ya que podría incurrir, en el caso de la CNMV, en conocimiento de información privilegiada.

Actuación de la CNMV

La gravedad de la supuesta actuación del banco y de la empresa del comisario Villarejo quedó reflejada este jueves con la decisión de la CNMV de movilizarse para comprobar las actuaciones del BBVA y su posible repercusión en las cuentas de la entidad. Es decir, si se deriva alguna responsabilidad patrimonial y se refleja en las cuentas consolidadas del grupo presidido hasta el 31 de diciembre pasado por Francisco González.

Asimismo, la CNMV investiga la incidencia en los sistemas de seguridad de la institución ya que tanto Conthe como Arenillas fueron supuestamente espiados. En ese sentido, la CNMV debe dar cobertura legal a ambos, así como a otros directivos del organismo que hubieran sido sujetos a escuchas, al margen de las acciones que pudieran emprender los propios afectados por su cuenta. De momento, la CNMV ha subrayado su voluntad de colaborar con la justicia.

Por su parte, el propio BBVA ha anunciado que el pasado junio inició una investigación sobre la contratación y servicios prestados por la empresa de Villarejo. Asimismo, ha contratado un despacho externo de abogados para que haga una revisión independiente. Ambas actuaciones se encuentran en curso en estos momentos. En caso de que se acrediten irregularidades, el banco ha anunciado que tomara las medidas oportunas y llevará a cabo acciones judiciales pertinentes en colaboración con la justicia.

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