El Gobierno de Sánchez e Iglesias con separatistas ya espanta a los inversores

Economia
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Inversores y grandes fortunas observan con preocupación la entrada de Podemos en el Gobierno de Pedro Sánchez, hasta el punto de que fondos extranjeros pueden paralizar nuevas compras. Desde operaciones que se
han frenado ante la incertidumbre creada por el nuevo horizonte político en España hasta patrimonios y empresas que miran al otro lado de la frontera. En la memoria están los presupuestos fallidos de 2019, cuyas líneas maestras pretende aprobar para 2020 el Ejecutivo, y que incluían una subida de impuestos de más de 3.800 millones de euros a grandes empresas. El sector inmobiliario se sitúa en el epicentro de esta incertidumbre. Las fallidas cuentas que acordaron hace un año el PSOE y Unidas Podemos ya recogían un gravamen del 15% a los beneficios no distribuidos de las Sociedades Cotizadas Anónimas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (Socimis). La iniciativa, que ataca a uno de los vehículos de inversión más utilizados en los últimos años en el sector inmobiliario, perjudicaría sobre todo a las pequeñas empresas, ya que las grandes, como Merlin, Lar o Colonial, suelen distribuir la mayor parte de sus beneficios. Fuentes del sector explican que estas firmas viven con una «calma tensa» los vaivenes políticos, y advierten de que algunos grupos están estudiando trasladar su negocio a Francia y Portugal si la regulación se endurece. Como recuerda el senior advisor de EY y miembro de Iberian Property, Miguel Ferre, el país luso, también gobernado por socialistas y comunistas, ha aprobado recientemente una norma que impulsa la creación de socimis (llamadas SIGI). «Esto puede provocar que haya empresas que se trasladen a Portugal, donde el régimen es idéntico al de España ahora, para operar desde ahí en nuestro mercado. Todo ello con una subida fiscal acordada que es anecdótica, pero que puede ahuyentar inversión», apunta el que fuera secretario de Estado de Hacienda de 2012 a 2016. Pero no solo las socimis están en el foco de Unidas Podemos. La formación morada ha insistido en la necesidad de poner topes a los precios del alquiler, prohibir los desalojos sin alternativa ocupacional y obligar a los grandes propietarios a ceder sus inmuebles vacíos al Estado. El partido liderado por Pablo Iglesias ya intentó imponer estos controles en primavera, cuando el Gobierno buscaba su apoyo para sacar adelante la reforma del alquiler. Finalmente estas reivindicaciones no salieron adelante, en parte porque los fondos de inversión advirtieron a Calviño de que así se deterioraría la imagen exterior de España. Ahora que ambas formaciones han llegado a un acuerdo de investidura, la incertidumbre ha vuelto al ladrillo. Sobre todo porque las empresas y fondos de inversión que han apostado por el mercado español son conscientes de que Podemos mantiene su interés en dirigir el Ministerio de Vivienda. «Hay operaciones millonarias, como la compra de determinadas carteras de inmuebles a la banca, que se han frenado tras el anuncio del acuerdo entre el PSOE y Podemos», explican desde un destacado fondo de inversión internacional. Además, desde el sector advierten de que si se impone un tope a los precios del alquiler se retirarían viviendas del mercado, lo que tensionaría aún más los precios en un contexto de desaceleración en la compraventa. La reforma hipotecaria y la inestabilidad política han hecho mella en las transacciones de viviendas, que cayeron con fuerza durante el verano y retrocedieron un 12% en el mes de septiembre, según el INE. «La incertidumbre tiene un efecto directo sobre la inversión, los niveles de confianza empresarial en España ya están bajisimos. Esto lo que hace es detener y detraer operaciones de inversión y actividad», zanja el secretario general del Círculo de Empresarios, Alfredo Bonet, que prefiere un gobierno «centrista» a uno «extremista» con Podemos y apoyos independentistas. En el primer semestre del año la inversión extranjera productiva ascendió a 10.302 millones de euros, un 63% menos, aunque en 2018 se produjo la compra del 50% de Abertis por parte de la italiana Atlantia. Aún así, se trata del dato más bajo desde 2016. Más allá del ladrillo, la inversión extranjera mira de reojo a las VTC (licencias de vehículos de transporte con conductor, con las que operan Uber y Cabify), un sector en el que también han desembolsado grandes sumas en los últimos años. Podemos proponía, en su programa para las elecciones del 10 de noviembre, que fuera obligatorio reservar este servicio con dos horas de antelación, lo que en la práctica supondría la muerte del sector. Grandes fortunas Las grandes fortunas también están preparando el terreno ante el nuevo Gobierno y miran a Portugal. El país luso cuenta con el programa NHR de residentes no habituales, con exenciones de impuestos o pago muy reducido de estos. Por ello, como apunta el fiscalista Esaú Alarcón, abogado en Gibernau Asesores, las consultas a asesores interesándose en el régimen portugués están aumentando «sobre todo en despachos gallegos desde hace un par de años», ya que el pacto entre PSOE y Podemos lleva anunciando la subida fiscal a patrimonios altos desde entonces. Temor entre las eléctricas «Entre los sectores que más pueden sufrir las medidas contra las empresas destacan los regulados: banca y eléctricas, ya que Unidas Podemos lleva en su programa la creación de una eléctrica pública», cree Miguel Ferre. El sector energético está más inquieto que preocupado porque no sabe qué propuestas de las recogidas en los programas electorales del PSOE y de Unidas Podemos se aprobarán ni el alcance que tendrían. La apuesta de ambos por las energías renovables no solo es lo esperado, sino que el Gobierno de Sánchez ya ha dado los primeros pasos con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, el cual, ha servido para desestabilizar el próspero sector de la automoción al demonizar públicamente al gasóleo. Bajo la premisa de eliminar "los beneficios caídos del cielo" que reciben las grandes eléctricas por las centrales nucleares y las hidráulicas, que ambos partidos consideran amortizadas hace años, esas compañías podrían sufrir algún impacto en sus resultados si se establece un cargo "para compensar esa sobrerretribución". También podrían verse perjudicadas si las centrales hidráulicas pasan a ser gestionadas, cuando acaben sus concesiones de explotación, por una empresa pública. En cuanto a la reforma del mercado eléctrico y del sistema de facturación, no se puede hacer un pronóstico aún porque ambos partidos no han explicado sus contenidos. El probable gobierno social-comunista quiere imponer por ley a las empresas energéticas la creación de dos puestos de trabajo por cada uno que desaparezca en una central de carbón. Actualmente, hay en España un millar de empleos que desaparecerán con el cierre, antes del próximo verano, de una decena de plantas térmicas. Las empresas propietarias de las mismas, que han previsto prejubilaciones y recolocaciones para esos trabajadores, califican de "despropósito" la intención de PSOE-UP porque "cualquier planta de renovables necesita un tercio de empleados de los que cuenta cualquier central térmica".

FUENTE DIARIO ABC:

https://www.abc.es/economia/abci-gobierno-sanchez-iglesias-separatistas-espanta-inversores-201911172253_noticia.html